Tres armas para frenar los abusos sexuales contra niños en Colombia

29/04/2018

 

Proponen castración química voluntaria, aumento de penas y creación de registro de violadores.

 

Yuliana Samboní tenía siete años cuando Rafael Uribe Noguera la secuestró, torturó, violó y, finalmente, la mató. El caso estremeció a la sociedad colombiana hace casi dos años y generó una indignación sin precedentes en un país quizá demasiado acostumbrado a la violación de derechos de sus menores. En ese momento, Medicina Legal alertó que el 70 por ciento de este tipo de delitos ni siquiera se denunciaba. En otras palabras: Yuliana fue solo la punta del iceberg de un problema más grande y profundo.

 

Cómo enfrenta el mundo la violación de sus niños

Así es el régimen de la cárcel a la cual fue enviado Uribe Noguera

Anatomía del monstruo

El 31 de diciembre del 2016, menos de un mes después del asesinato de la niña, un hombre violó a un pequeño, esta vez de nueve años, en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación informó de la captura del presunto violador, un vendedor ambulante de la zona. Sin embargo, la noticia pasó casi inadvertida en los medios de comunicación. Solo ese año, según datos de esta institución, 48 menores de edad fueron violados cada día.

Esta semana, en un intento por frenar las cifras monstruosas, se aprobó en la plenaria del Senado el proyecto de ley que permitiría la castración voluntaria de violadores de menores de edad una vez hayan cumplido su condena y si ellos así lo deciden. La propuesta incluye, además, un endurecimiento de las penas para estos delitos de hasta 41 años de prisión sin beneficios, que duplica las que concibe el Código Penal, y la puesta en marcha de un registro nacional de violadores y abusadores sexuales que operaría en todo el territorio, con monitoreo permanente de estos individuos a cargo de la Policía Nacional. 

El objetivo detrás del proyecto es fortalecer la cadena de acontecimientos que se origina desde que el violador es condenado hasta que sale de la cárcel para reinsertarse en la sociedad.

“En Colombia no existen mecanismos de seguimiento para estos delitos. ¿Qué pasa con esa persona cuando cumple la condena? Queremos que el tratamiento que reciba sea integral. Primero, endureciendo las penas para prevenir la reincidencia, que ocurre en un 70 por ciento de los casos. Segundo, garantizando un acompañamiento psicológico adecuado en prisión. Luego, brindando la opción de la castración química y su suministro gratuito del Estado, y, por último, que las autoridades lleven un registro para monitorear a estas personas, su lugar de residencia, a que se va a dedicar, todo”, explica a EL TIEMPO Maritza Martínez, senadora del partido de ‘la U’ y autora del proyecto de ley.

 

La próxima semana el documento pasará a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y, una vez supere ese filtro, se discutirá en la Plenaria del Congreso para su aprobación final. “Estamos tranquilos porque el proyecto ha recibido el apoyo de todos los partidos, no exento de un debate profundo, pero la votación ha sido unánime”, cuenta la senadora. 

La castración química, que ya se emplea en varios países como Estados Unidos, es un tratamiento médico destinado a inhibir el deseo sexual por medio de la reducción de los niveles de testosterona. No ocasiona un cambio permanente en el cuerpo porque no se trata de un proceso de esterilización; los efectos cesan en el momento que el usuario deja de tomar los medicamentos. El más conocido es la Depo Provera, un progestágeno aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA), que se utiliza en algunos estados para reducir la conducta sexual de los agresores una vez condenados. 

Para el registro de violadores que se pretende implementar con esta ley también se ha tomado como referencia el que rige en Estados Unidos. Una vez que el delincuente cumpla su condena, las autoridades policiales deberán actualizar datos de empadronamiento y hacer un seguimiento permanente de su día a día. 

De esta forma, se busca evitar, como sucede en el país norteamericano, que el violador fije su residencia cerca de otras en las que viven menores o que desempeñe un trabajo que le permita tener contacto directo con ellos. También incluye la posibilidad de equipar al violador con un dispositivo electrónico para garantizar su monitoreo permanente. Sin embargo, como indica Martínez, se trata de simples recomendaciones porque será el próximo Gobierno el que deberá reglamentar esta herramienta y asignarle unos presupuestos en los siguientes seis meses a la entrada en vigor de la norma, en caso de convertirse en ley de la República.

 

VER ENTREVISTA COMPLETA

Please reload

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
Please reload

Visitas

Maritza Martínez

Senadora de la República