Constancia sobre ratificación de sanción a empresas comercializadoras de arroz

 

Ante la Plenaria del Senado manifesté la ingente necesidad de que el Gobierno fortalezca las labores de regulación y vigilancia en el mercado arrocero con el fin de evitar prácticas abusivas por parte de empresas industriales en detrimento de los productores y consumidores, según lo ratificó  la reciente decisión del Consejo de Estado que mantiene en firme la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a reconocidas industrias molineras que incurrieron en cartelización, al ponerse de acuerdo para fijar de manera artificial el precio que se pagaba a los productores y que no correspondía a ninguna dinámica económica. 

 

Las empresas sancionadas fueron Molinos Roa, Molinos Florhuila, Arroz Diana, Procesadora de Arroz y Unión de Arroceros, donde si bien el Consejo de Estado se tomó 8 años en adoptar ésta decisión, en buena hora ha ratificado la sanción pecuniaria proferida en primera instancia por la SIC que asciende a aprox.  $2.500 millones a estas industrias.

 

Esta decisión demuestra que el renglón arrocero es un mercado imperfecto, con amplias divergencias en la configuración de los precios al interior de la cadena por parte de sus actores más poderosos y donde los productores y consumidores quedan desprotegidos, por lo que es deber del Gobierno Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Superintendencia de Industria y Comercio fungir como reguladores de las actuaciones de los entes que participen.

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Maritza Martínez

Senadora de la República